FRONTERA
El juez Gustavo Amarilla no hizo lugar al Incidente de Nulidad del Acta de Imputación deducido por la defensa de Aroldo de Moura Pereira, imputado por Lavado de Dinero y Asociación Criminal en el marco del caso Pavo Real.
De acuerdo a la defensa, los registros, cualquiera sea su técnica, los impresos, la correspondencia, los escritos, las comunicaciones telefónicas, telegráficas, cablegráficas o de cualquier otra especie, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados sino por orden judicial para casos específicamente previsto en la ley, refiriendo además que las pruebas documentales obtenidas en violación en lo prescripto anteriormente carecen de valor en juicio, poniendo de resalto las previsiones contenidas en el Art. 17 en sus incisos 7 y 9 de la C.N., por lo que para la defensa la formación de la presente causa carece de validez y trae aparejada una nulidad absoluta en virtud a los artículos 165, 166, 170 y 171 todos del CPP.
Agrega que la imputación no puede prosperar, al involucrársele indebidamente en estos autos señalando que el citado encausado adquirió el inmueble certificado con Cta. Ctral. N° 99800, Padrón N° 4644 con una superficie 604 has. 1.130 ms2. Ubicado en el Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay de la señora Ramona Espinoza Leite De Acevedo, según Escritura Pública N° 124, de fecha 7 de octubre del año 2014, ante el Escribano Julio César Ortiz Duarte, acto jurídico formalmente realizado, por lo que para la defensa se demuestra que su defendido Aroldo De Moura Pereira adquirió dicho bien en debida y legal forma, sin ninguna vinculación con el señor Jarvis Chimenez Pavao, como afirma el Ministerio Público, y no probado en esta etapa, a pesar de que la investigación ha comenzado en el año 2021, con más de 2 años de pesquisa, por lo que según la defensa, el Ministerio Público se aparta de lo que establece el Art. 54 del C.P.P.
El incidentista señala que al verificar el contenido del acta de imputación y los elementos en que sustenta el Ministerio Público, se encuentra escrito en idioma portugués y que fácilmente se tiene al cotejar los elementos en que sustenta el Agente Fiscal su imputación, colisiona con lo que establece el Art. 140 de la C.N. que se refiere a que los idiomas oficiales son el Castellano y el idioma Guaraní, por lo que los elementos utilizados por el Ministerio Público carece de nulidad absoluta.- QUE, en relación a éste último punto, la defensa sostiene que las documentaciones que obran en la carpeta fiscal, en varias partes se encuentra escrito en idioma del país vecino Brasil, sin haberse realizado la traducción de los elementos elevados ante el Magistrado interviniente, inclusive el hecho ilícito como menciona el Ministerio Público ha acontecido e investigado por Agentes Federales de origen brasileña, e invocando una asistencia mutua entre ambos países sin justificar el Ministerio Público sobre dicha medida, que sirviera de base para la formación de la presente esta causa, sin contar con elementos de convicción para sustentar su responsabilidad de en estos autos y finalmente sostiene que lo expresado por el Ministerio Público en su Acta de Imputación son meras conjeturas y que se estaría ante la formación de una causa indebidamente iniciada solicitando hacer lugar a la Nulidad Absoluta del Acta de Imputación, realizada por los Representantes del Ministerio Público, de acuerdo a los fundamentos expuestos en esta presentación, y las normativas legales citadas en el exordio respectivo.
En su contestación, la fiscalía sostuvo que la investigación está en etapa preparatoria, la cual permanecerá abierta por al menos seis meses, situación que implica de que todos los hechos atribuidos al imputado son en carácter de sospecha y deberán ser corroborados o desacreditados tras haber transitado la investigación en su totalidad y que esto a su vez, significa que el imputado puede arrimar al Ministerio Público los documentos y proponer los medios de prueba que estimen pertinentes y necesarios para el ejercicio de su defensa, facultad otorgada por el Art. 17 de la C.N., que no le ha sido ni le será vedada por esa representación fiscal, poniendo de resalto que no se ha empleado contra el citado imputado ningún medio contrario a su dignidad, y que en cuanto a su detención, se cuenta con la resolución de detención respectiva, debidamente comunicada y a la cual el procesado a través de su defensa, puede tener acceso, contando con el derecho a solicitar copias, a ser informado y a presentarse ante el Ministerio Público a ser escuchado cuántas veces lo solicite, por lo que ninguna de las facultades del ejercicio de la defensa le ha sido vedada al imputado y pueden ser ejercidas a lo largo de la etapa investigativa, siempre que no representen un ejercicio abusivo del derecho o tenga fines dilatorios o de entorpecer la investigación, razones por las cuales solicita el rechazo de dicha incidencia.
En tanto, el magistrado sostuvo en su resolución que la etapa de investigación fiscal recién se está iniciando, con lo cual la misma tendrá acceso a todas las actuaciones porque así corresponde en derecho y cualquier impedimento de ello, deberá ser comunicado a éste Juzgado para la solución del caso.
“A criterio de éste Juzgado la imputación formulada en autos en contra de Aroldo De Moura reúne todos los requisitos que exige la norma procesal prevista en el Art. 302 del C.P.P., para su validez, y recuérdese también a la defensa, de que su representado goza de la presunción de inocencia ya que es una garantía que avala al encausado, en consideración que ello es de rango Constitucional, correspondiendo en consecuencia no hacer lugar al Incidente de Nulidad de Acta de Imputación planteado por la defensa”.
Tradução
Fronteira
O Juiz Gustavo Amarilla não acolheu o Incidente de Nulidade da Ação de Pronúncia deduzido pela defesa de Aroldo de Moura Pereira, acusado de Lavagem de Dinheiro e Associação Criminosa no âmbito do caso Pavo Real.
Segundo a defesa, os autos, seja qual for a sua técnica, impressos, correspondências, escritos, telefônicos, telegráficos, por cabo ou de qualquer outra natureza, não poderão ser examinados, reproduzidos, interceptados ou apreendidos, exceto por ordem judicial. na lei, referindo-se também ao fato de que a prova documental obtida em desacordo com o anteriormente prescrito carece de valor judicial, destacando-se o disposto no artigo 17 nos incisos 7 e 9 do C.N., portanto que para a defesa a formação do presente causa carece de validade e acarreta nulidade absoluta nos termos dos artigos 165, 166, 170 e 171 todos do CPP.
Acrescenta que a imputação não pode prosperar, por estar indevidamente envolvida neste processo, afirmando que a referida arguida adquiriu o imóvel certificado junto da Cta. Ctral. N° 99800, Padrón N° 4644 com uma área de 604 hectares. 1.130 ms2. Localizada no Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay da Sra. Ramona Espinoza Leite De Acevedo, conforme Escritura Pública nº 124, de 7 de outubro de 2014, perante o Tabelião Julio César Ortiz Duarte, ato jurídico formalizado, portanto , para a defesa, consta que seu réu Aroldo De Moura Pereira adquiriu os referidos bens na devida e legal forma, sem qualquer vínculo com o Sr. Jarvis Chimenez Pavão, conforme declarado pelo Ministério Público, e não comprovado nesta fase, apesar de a investigação começou em 2021, com mais de 2 anos de investigação, pelo que segundo a defesa, o Ministério Público se desvia do que está estabelecido no Art. 54 do C.P.P.
O relator da ocorrência salienta que ao verificar o conteúdo do relatório de imputação e os elementos em que o Ministério Público se fundamenta, o mesmo está redigido em português e que é fácil de ter na comparação dos elementos em que o Agente Fiscal fundamenta a sua imputação, colide com o que estabelece o Art. 140 do C.N. que se refere ao fato de que as línguas oficiais são o espanhol e a língua guarani, portanto, os elementos utilizados pelo Ministério Público carecem de nulidade absoluta.- QUE, em relação a este último ponto, a defesa sustenta que a documentação que funciona em a pasta fiscal, em várias partes está redigida na língua do país vizinho Brasil, sem que tenha sido feita a tradução dos elementos levantados perante o Magistrado interveniente, inclusive tendo ocorrido o ilícito mencionado pelo Ministério Público e investigado por Agentes Federais de origem brasileira, e invocando a assistência mútua entre os dois países sem justificar o Ministério Público sobre tal medida, que serviu de base para a formação do presente caso, sem ter elementos de convicção para sustentar sua responsabilidade nestes processos e, por fim, sustenta que expressas pelo Ministério Público em sua Lei de Denúncia são meras conjecturas e que ocorreriam antes da formação de ação indevidamente iniciada requerendo a abertura de nulidade absoluta da Lei de Denúncia, realizada pelos Representantes do Ministério Público, de acordo com os fundamentos expostos nesta apresentação, e as normas legais citadas no respectivo exórdio.
Na sua resposta, o Ministério Público sustentou que a investigação se encontra em fase preparatória, que se manterá aberta durante pelo menos seis meses, situação que implica que todos os factos imputados ao arguido são suspeitos e devem ser corroborados ou desacreditados após transitarem. a investigação em sua totalidade e que isso, por sua vez, significa que o acusado pode levar os documentos ao Ministério Público e propor os meios de prova que julgar pertinentes e necessários para o exercício de sua defesa, faculdade conferida pelo art. o C.N., que não foi e não será vedado por aquela representação fiscal, salientando que não foi utilizado contra o referido arguido qualquer meio contrário à sua dignidade, e que quanto à sua detenção, existe o respectivo despacho de detenção, devidamente comunicado e ao qual o arguido, através da sua defesa, possa ter acesso, com direito a solicitar cópias, a ser informado e a comparecer perante o Ministério Público para ser ouvido tantas vezes quantas as solicitadas, de modo a que nenhum dos poderes para o exercício da defesa foram negadas ao acusado e podem ser exercidas ao longo da fase investigativa, desde que não representem exercício abusivo do direito ou tenham finalidades dilatórias ou dificultem a investigação, motivos pelos quais se pede a rejeição do referido incidente. Entretanto, o magistrado sustentou na sua deliberação que apenas se inicia a fase de inquérito fiscal, com a qual terá acesso a todos os processos porque lhe corresponde por lei e qualquer impedimento deve ser comunicado a este Tribunal para a solução do caso. “Segundo este Tribunal, a acusação formulada no processo contra Aroldo De Moura reúne todos os requisitos exigidos pela norma processual prevista no artigo 302.º do C.P.P., para a sua validade, bem como recorda à defesa, que o seu cliente goza da presunção de inocência uma vez que é uma garantia que garante o arguido, considerando que esta é de ordem Constitucional, correspondendo consequentemente a não abrir espaço para o Incidente de Nulidade do Ato de Imputação suscitado pela defesa” Por: Capitan Bado*